El pasado miércoles el juez Roberto Gallardo le exigió al gobierno de Buenos Aires que de forma inmediata prohíba la actividad de repartos de domicilio de la empresa Rappi. Por lo que seguramente tendrán una suspensión hasta que “cumplan con los requisitos legales de seguridad de los repartidores que van en bicicleta o moto”, comentó el Juez.
A Rappi le siguen otras empresas y firmas que se dedican a actividades de mensajería y reparto a domicilio.
Esta imposición busca medidas de seguridad para que las compañías busquen que sus repartidores se transporten con casco, que las cajas de reparto estén ancladas a las ciclas o moto y no en la espalda y que circulen con seguro de vida y accidentes. También que tengan la libreta sanitaria y que los métodos de transporte usen adecuadamente la señalización para su trabajo en la noche.
Esta medida se impuso después de la noticia donde se vio reflejado el grave riesgo la seguridad en la vía pública y por la integridad de los repartidores. El mandatario legal ordenó que se “diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de esas firmas, cuya actividad ha crecido de forma exponencial en los últimos tiempos».
